La “mano dura” incrementa los niveles de violencia en la sociedad

Por Raquel Witis*

Cuando actúa el sistema penal es porque el daño ya se produjo, el código no previene, su misión es reparar el daño producido y devolverle la dignidad a las victimas a través de la condena penal. Si la intención es prevenir debo actuar antes a través de otras agencias o instituciones del estado o de políticas públicas.

Mariano Witis y Darío Riquelme fueron víctimas de la mano dura, un caso testigo de la violencia policial, de las consecuencias de la aplicación de esas políticas. Recordemos que el gobernador de la Pcia. Carlos Federico Ruckauf ganó con el discurso “hay que meter bala”. No nos engañemos: la mano dura en los barrios significa pena de muerte e incrementa la violencia social creando un clima propicio para los linchamientos. Hemos visto aplicar esta receta demasiadas veces desde el año 2000 y siempre ha fracasado. Nunca ha sido la solución a los problemas de inseguridad el aumento del poder de la policía, el incremento de las penas y el encierro masivo.

Uno de los problemas son las “prácticas policiales”, otro son las “prácticas judiciales” que por acción u omisión van creando las condiciones para la violencia policial. En muchos casos el poder judicial convalida las actuaciones policiales, el “gatillo fácil”, la tortura y las condiciones de detención, las detenciones arbitrarias, la violencia contra los jóvenes, las causas armadas o fraguadas. La repetición de estos episodios donde las fuerzas policiales producen consecuencias más dramáticas que las que pretenden evitar, nos permiten sostener que el abuso policial contribuye a incrementar los niveles de violencia desnaturalizando la obligación de garantía de la seguridad democrática como responsabilidad del Estado.

La regularidad o repetición de parar a jóvenes, morochos de ciertos sectores sociales, el hostigamiento mediante el uso de la detención por averiguación de identidad, el cacheo, la persecución, hacen que estas prácticas sean abusivas, discriminatorias, violentas y por ende ilegales. Y esta limitación a la libertad que se ejerce sobre ciertos sectores sociales, es ineficiente como control del delito y busca el disciplinamiento social.

Sabemos que toda práctica social se legitima a través de un discurso. Las prácticas policiales abusivas existen, no sólo por la formación de sus agentes, sino también porque hay un discurso generalizado que las avala, porque hay sectores de la sociedad que reconocen estas prácticas como violentas y discriminatorias pero lo toman como una realidad inmodificable o, peor aún, necesaria. Somos parte de una sociedad excluyente, violenta y punitivista, todo lo resuelve con penas más duras, más policías, más cárceles, más cámaras, etc. Hoy en el imaginario social y mediático el “sospechoso” es el joven morocho, que vive en determinados barrios, que usa gorrita, etc. Hace pocos días en un barrio (Azcuenaga de Rosario) un joven (Moreyra) murió apaleado por una multitud que le atribuyo la condición de “delincuente”, no es el único caso, me pregunto: ¿volveremos a los linchamientos, a la “justicia por mano propia”, tanta sangre derramada ha sido en vano?

La seguridad y la justicia son construcciones sociales e históricas que se van formando y están íntimamente relacionadas con el modelo de Estado elegido. La seguridad ha ido cambiando y adaptándose, durante el Estado terrorista, se hablaba del “enemigo interno” que debía ser perseguido, torturado, asesinado, hoy los “sospechosos” o “peligrosos” son los jóvenes desaventajados, y los medios de comunicación han tenido un papel fundamental en la difusión y fijación de estos estereotipos.

Las fuerzas de seguridad con su autogobierno, su formación militarizada, su carácter corporativo, los altos niveles de corrupción, la falta de profesionalización, han generado ineficiencia en la prevención y persecución del delito y la desconfianza de los miembros de la comunidad en la institución policial.

Adherimos e impulsamos el Acuerdo por una Seguridad Democrática, estamos convencidos que para mas seguridad necesitamos mas democracia. Y la seguridad democrática, crea las condiciones para la convivencia de las personas entre sí; su objetivo no es el mantenimiento del orden público sino la protección integral de los derechos humanos. Y la de gestionar los conflictos sociales de manera tal que los derechos de cada persona sean tanto respetados como ejercidos.

Las deudas pendientes de nuestra sociedad son la democratización de las fuerzas policiales, del servicio penitenciario, de la justicia y alcanzar la igualdad y la no discriminación.

Pareciera que ahora deberíamos sumar el negarse u oponerse a un anteproyecto del código penal para reemplazar el actual que después de tantas modificaciones y agregados ha perdido su integralidad y coherencia. Hoy la condena por delitos contra la propiedad con arma es mayor que la condena por los delitos contra la vida.

No nos engañemos quienes se mostraron no hace mucho como adalides del diálogo y el consenso, los Massa, los Posse, los Andreotti, los Macri, hoy se cierran al debate. Sus excusas son impresentables, contradictorias y perversas, no nos cabe duda que sus fines no son santos, que utilizan el miedo de la ciudadanía ante los hechos delictivos, una vez más, para ganar en las urnas. Adalides de la seguridad y en su territorio se persigue a jóvenes y a militantes de organizaciones político partidarias por realizar en el espacio público distintas actividades culturales.

Proponen además juntar firmas por el “no al anteproyecto de código penal”, medida ilegal pues la Constitución Nacional, en su artículo 39, prohíbe expresamente la consulta popular sobre proyectos referidos a materia penal. ¿Por qué crear falsas expectativas? ¿Quién será el chivo expiatorio esta vez?

Estamos de acuerdo en que hay que hallar mejores herramientas para combatir el delito. Para eso es necesario sumar ideas, propuestas y soluciones eficaces.

No nos cerremos al debate, al diálogo, a la construcción de un consenso que se ha respetado a través de la convocatoria a la comisión, conformada por distintas fuerzas políticas y expertos especializados en la temática y reconocidos internacionalmente. Si no estamos de acuerdo con algunos puntos propongamos otros, no nos quedemos con el reclamo sin generar alternativas.

Anular o posponer el debate es una posición que nos impide avanzar, crecer y enriquecernos con otras visiones, que obstaculiza la convivencia pacifica y en definitiva atenta contra la democracia.

Nosotros Queremos debatir el Anteproyecto del Código Penal y Nos Oponemos a Cualquier Iniciativa que Cercene Este Debate

*Raquel Witis, mamá de Mariano Witis fusilado por la bonaerense el 21-9-2000

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Un amplio frente político y social rechaza que se intente frenar el debate del Código Penal con consignas demagógicas

El Acuerdo por una Seguridad Democrática (ASD), integrado por referentes políticos y sociales de diversos partidos y organizaciones, presentó hoy en el Salón Azul del Congreso Nacional un documento titulado “Para más seguridad, más democracia” que denuncia el carácter demagógico que se quiere imponer a la discusión pública en torno del anteproyecto de reforma del Código Penal y reivindica la necesidad de dar un debate abierto, plural y con rigor técnico en el parlamento que permita arribar a soluciones efectivas en materia de seguridad.

El acto se inició con la lectura del documento de más de 600 firmas en la voz del presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, Hugo Cañón, que señala, entre otras cosas, que “en los últimos días se ha fortalecido un discurso oportunista de demagogia punitiva que intenta consolidar un endurecimiento represivo fuera de toda racionalidad democrática y especula con la desinformación de la opinión pública”. El texto del ASD subraya que “las reacciones ante el tratamiento de un anteproyecto de ley para modificar el Código Penal sirven de base para el despliegue de argumentos autoritarios, tanto en su perspectiva penal, como en su desprecio por las instancias de debate institucionales”.

En unas breves palabras de cierre, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, sostuvo que “estamos seguros que el objetivo de pacificar la sociedad argentina no se consigue incrementando los niveles de violencia y no se consigue torpedeando los acuerdos transversales entre distintas fuerzas políticas que, paradójicamente, son el reclamo constante de los mismos que, cuando se producen, los denuncian y sabotean.”

En la mesa de presentación, además de Cañón y Verbitsky, se ubicaron los diputados nacionales por el FPV Horacio Pietragalla y Leonardo Grosso, el diputado por la UCR, Manuel Garrido, el legislador de la Ciudad por FPV, Jorge Taiana, la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rebori y Raquel Witis, víctima de la violencia policial. Entre el público acompañaban varios legisladores y legisladoras de diversas fuerzas políticas nacionales como Diana Conti, Jorge Rivas y Carlos Raimundi y de la Ciudad como Pablo Ferreyra y José Cruz Campagnoli. También estuvieron presentes representantes de organismos de derechos humanos como Lita Boitano y Jorge Morresi de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, representantes de la Defensoría General de la Nación y el titular de la Procuraduría contra la violencia institucional (Procuvin), Abel Córdoba.

Documentos para prensa:

Para más seguridad, más democracia

Principios básicos del ASD

Firmas actualizadas

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Listado de firmantes del documento “Para más seguridad, más democracia

Listado firmas 2014 actualizado

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Conferencia de prensa del ASD

En el marco del Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) el jueves 20 de marzo a las 15 horas se realizará una conferencia de prensa en el salón Azul del Congreso de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1849. Participarán senadores, diputados, legisladores, referentes sociales y sindicales, académicos e integrantes de la comisión redactora del anteproyecto de reforma del Código Penal.

Documentos para prensa:

Para más seguridad, más democracia

Principios básicos del ASD

Además continuamos recibiendo  adhesiones en adhesiones.asd@gmail.com

 

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Para más seguridad, más democracia

En los últimos días se ha fortalecido un discurso oportunista de demagogia punitiva que intenta consolidar un endurecimiento represivo fuera de toda racionalidad democrática y especula con la desinformación de la opinión pública.

Las reacciones ante el tratamiento de un anteproyecto de ley para modificar el Código Penal sirven de base para el despliegue de argumentos autoritarios, tanto en su perspectiva penal, como en su desprecio por las instancias de debate institucionales.

Están en juego los principios democráticos que protegemos como sociedad y los modos en que lo hacemos. Con la excusa de impedir el avance del anteproyecto elaborado por una comisión redactora con representación de diversas fuerzas políticas se impulsa una campaña basada en mentiras y distorsiones informativas que intenta generar miedo para consolidar proyectos políticos de corte antidemocrático.

Los falacias demagógicas deben poner a la ciudadanía y a todo el espectro político en estado de alerta: se trata de un ideario que sostiene sin fundamentos que el aumento del poder de la policía, el incremento de las penas y el encierro masivo son las soluciones a los problemas de inseguridad.

Las evidencias muestran la falsedad de esos planteos. Las políticas basadas en el aumento de penas y el mayor encarcelamiento no reducen la inseguridad ni desactivan las redes de criminalidad causantes de los delitos que más preocupan a la población. Esas son las políticas que fueron el eje de todas las reformas penales de los últimos veinte años en el país y sólo aumentaron la violencia. La falta de democratización de las fuerzas policiales produce día a día mayor violencia, altos niveles de corrupción y connivencia con el crimen organizado y una gran ineficacia para prevenir y reprimir el delito.

Problemáticas complejas, como el narcotráfico, son usadas como coartada de modo irresponsable para justificar y extremar recetas autoritarias. Pero sabemos que la violencia no se resuelve con la guerra, ni dejándose seducir por atajos que consolidan la discriminación social y empujan la agenda de seguridad hacia la militarización.

A las organizaciones sociales y políticas comprometidas con la democracia y los derechos humanos nos preocupa que se instale una lógica en la que los referentes políticos compiten por liderar las propuestas de mayor endurecimiento y el componente represivo se presenta como única solución. Competencia que, al mismo tiempo, erosiona los mecanismos institucionales y las reglas básicas de la discusión en democracia: se ha argumentado a partir de mentiras y se proponen caminos inconstitucionales.

Desde el Acuerdo para una Seguridad Democrática, creado con el propósito de fomentar una discusión abierta y pluralista, basada en consensos mínimos sobre las políticas públicas de seguridad en democracia, valoramos el proceso de elaboración del anteproyecto en el que se comprometieron diversas fuerzas políticas como base para una discusión amplia en el Congreso y rechazamos el intento de clausura del debate. Muchos de los firmantes de este documento tenemos críticas, modificaciones o agregados al anteproyecto, pero creemos que hay que hacerlo por fuera de todo oportunismo electoral o demagogia, que luego cobra víctimas que vuelven a servir para construir una nueva demagogia, en un círculo vicioso que urge superar.

Buscamos reencauzar los términos y ámbitos de la actual discusión y, de cara a la sociedad, debatir con claridad y rigor técnico, las bases de una política criminal y de seguridad que sea democrática y eficaz, que para serlo no necesita tirar por la borda las mismas libertades públicas que forman parte de la calidad de vida que necesitamos defender.

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Nuevo documento del ASD sobre seguridad ciudadana

El Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) contribuyó a la iniciativa Agenda presidencial, coordinada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), con la elaboración de un documento sobre seguridad ciudadana.

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Se firmó el ASD en Mar del Plata

Referentes políticos locales adhirieron al Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) el pasado martes 31 de mayo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La presentación estuvo encabezada por la directora del programa de Justicia Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Alejandro Mosquera. Además, contó con la participación de los jueces Juan Tapia, Gabriel Bombini y Marcelo Madina y del coordinador del programa de Protección Ciudadana de la Municipalidad de General Pueyrredón, César Ventimiglia. Sigue leyendo

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Presentación del ASD en Mar del Plata

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) invitan a la presentación del Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) en la ciudad de Mar del Plata el próximo martes 31 de mayo a las 18 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 25 de Mayo 2855/65. Sigue leyendo

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Repercusiones de prensa del primer seminario internacional del ASD

El miércoles 13 y jueves 14 de abril se realizó el seminario internacional “Desafíos de una política de seguridad para la democracia en Argentina. Experiencias y perspectivas latinoamericanas”, organizado por el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD).

El evento tuvo importantes repercusiones en los medios de comunicación. Haga clic aquí para acceder al informe que da cuenta de ello.

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Nilda Garré cerrará el seminario internacional del ASD

La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, participará del panel de clausura del Seminario Internacional “Desafíos de una política de seguridad para la democracia en Argentina. Experiencias y perspectivas latinoamericanas”, organizado por el Acuerdo de Seguridad Democrática.

El seminario, auspiciado por el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se realizará el miércoles 13 y el jueves 14 de abril en el auditorio Adolfo Bioy Casares del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sigue leyendo

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