Ante la declaración de la emergencia en seguridad

El Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia en seguridad a través de un decreto que, sin apoyarse en diagnósticos claros, pone en marcha medidas que profundizan las peores tendencias en materia de políticas de seguridad. Para dar respuesta a demandas sociales legítimas, otra vez se realizan anuncios efectistas pero ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la escalada punitiva llega a habilitar una pena de muerte encubierta.

El decreto expresa un enfoque que considera que el narcotráfico es “la principal amenaza a la seguridad de los argentinos” y lo transforma en la explicación de los problemas relacionados con el delito y la violencia. Así se intenta justificar que para detener el ingreso de drogas declaradas ilegales al territorio nacional es necesario un estado de emergencia que habilita medidas excepcionales. Sin tener ningún diagnóstico, la emergencia hace foco en la frontera norte como causa principal de los problemas del narcotráfico y decide concentrar allí los recursos con un enfoque de corte militarista. Ya se ha demostrado que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales, ni su tejido con las instituciones estatales involucradas en las redes de ilegalidad. En cambio, sobran pruebas de su capacidad para incrementar los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos.

El decreto caracteriza al narcotráfico como una violación a la soberanía nacional e inscribe a las políticas para enfrentarlo en el modelo de las “nuevas amenazas” que EEUU prescribe para América Latina pero que no aplica en su propio territorio. Asimilar el narcotráfico a una agresión militar extranjera lo coloca por encima de otros delitos tanto o más violentos como la comercialización ilegal de armas de fuego. Como consecuencia de este paradigma, se le atribuyen a las Fuerzas Armadas nuevas facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional. Esta decisión produce un quiebre en la distinción entre seguridad interior y defensa nacional que ya se había debilitado en el gobierno anterior.

Las FF.AA. no se limitarían ahora a controlar el espacio aéreo sino que también tendrán la potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin necesidad de consultar a las autoridades políticas para hacerlo. Esta medida es inconstitucional desde el momento en que constituye una pena de muerte sumaria encubierta, en contradicción con el Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional. Las experiencias internacionales han demostrado que la intervención militar contra el narcotráfico no produce ningún efecto beneficioso, sólo contribuye a una escalada de la violencia.

La emergencia no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad como la falta de profesionalización y de reforma de las fuerzas policiales para que dejen de ser un engranaje fundamental de los mercados ilegales ni la degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención. En lugar de ello, se habilitan una serie de procedimientos de excepción para aumentar el número de efectivos policiales y dotarlos de mayor poder de fuego. Por ejemplo, se autoriza la convocatoria a personal retirado, medida que ya ha sido adoptada reiteradas veces y que no aporta nada positivo, pero que desprofesionaliza a las fuerzas de seguridad. Estos cuerpos policiales reforzados, que mantienen los mismos problemas de violencia y corrupción, son luego destinados a operativos de saturación en barrios pobres, sumando un problema más a las situaciones cotidianas de violencia que se viven en algunos de estos barrios. Al mismo tiempo, la declaración de emergencia habilita al poder ejecutivo a incrementar los gastos en tecnología y armamento y debilita los sistemas de control para las contrataciones estatales.

La declaración de emergencia se presenta como una estrategia unilateral e ineficaz que tiene más de impacto comunicacional que de política consensuada, técnicamente eficaz, sustentable en el tiempo y evaluable por sus resultados.

La declaración de emergencia no propone medidas capaces de afectar el funcionamiento de los mercados ilegales como por ejemplo fortalecer el control del lavado de activos provenientes del narcotráfico que atraviesan el sistema financiero. Al mismo tiempo, los nombramientos en la unidad encargada de elaborar estas políticas no parecen ir en el sentido de incrementar el control. Tampoco se han dado a conocer medidas para intervenir en la relación promiscua entre fútbol y política, fenómeno íntimamente vinculado al narcotráfico y a los crímenes mafiosos. Para promover una verdadera política de Estado para enfrentar los complejos fenómenos del delito y la violencia no es posible dejar de lado la necesidad de profesionalizar las instituciones policiales y el sistema de Inteligencia. Al mismo tiempo, debería jerarquizarse el trabajo preventivo territorial, en particular con los jóvenes y los niños.

Las políticas de seguridad en general y de drogas en particular, deben surgir de diagnósticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática. La emergencia en seguridad declarada por el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para dar un debate serio sobre las formas en que un estado democrático debe abordar los problemas del delito y la violencia. Diversos espacios políticos, sociales y académicos, entre ellos el Acuerdo de Seguridad Democrática y el grupo Convergencia, venimos planteando que la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos debe realizarse en el marco de principios democráticos, a partir de acuerdos políticos y sociales amplios que eviten medidas demagógicas e ineficaces. Estos acuerdos deben avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

 

Grupo coordinador Acuerdo de Seguridad Democrática y Convergencia: León Carlos Arslanian, Alberto Binder, Gastón Chillier, Enrique Font, Gabriel Kessler, Gustavo Palmieri, María Victoria Pita, Marcelo Saín, Sofía Tiscornia, Paula Litvachky, Marcela Perelman, Manuel Tufró, Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Enrique del Percio, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, José Paradiso, Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, José María Vásquez Ocampo.

Horacio Verbitsky, Beatriz Sarlo, Nilda Garré, Adolfo Pérez Esquivel,  Felipe Solá, Jorge Taiana, Eduardo Valdes, Hermes Binner, Rafael Gentili, Leonardo Grosso, Dante Caputo, Rut Diamint, Carlos Acuña,  Victoria Donda, Gabriel Puricelli, Juan Manuel Abal Medina, Nito Artaza, Paula Alicia Ciciliani, Juan Pablo Cafiero, Roberto Gargarella, Germán Montenegro, Alicia Pierini, Manuel Garrido, Eduardo Rinesi, Ana Jaramillo, Hernán Patiño Mayer, Humberto Tumini, Juan Sasturain, Carlos Gabetta, Mempo Giardinelli, Maristella Svampa, Paula Canelo, Khatchik Derghougassian, Pablo Bergel, Marcelo Leiras, María Esperanza Casullo, Gabriel Anitua, Hugo Spinelli, Andrea Catenazzi, Silvia Guemureman, Virginia Manzano, Sebastián Pereyra, Máximo Sozzo, Esteban Rodríguez Alzueta, Alberto Schprejer, Mario Pecheny, José Garriga Zucal, Natalia Bermúdez, Alejandra Otamendi, Martín Becerra, Juan Tapia, Pablo Alabarces, Alberto Bovino, Ileana Arduino, Jorge Ceballos, Roberto Cipriano, Victor Mendibil, Gabriel Ganon, Alejandro Grimson, Lila Caimari, Diego Tatián, Susana Morales, Magdalena Brocca, Natalia Federman, Alfredo Lazzeretti, Graciela Cousinet, Federico Masso, Isaac Rudnik, Edy Binstock, Ángela Oyhandy, Juan Carlos Manoukian, Gabriel Bombini, Eduardo Tavani, Pablo Semán, Cecilia Ales, Daniel Lvovich, María Marta Bunge, Norberto Alayón, Daniel Badenes, Diego Sztulwark, Eva Muzzopappa, Mariano Ciafardini, Silvina Segundo, Roberto Pittaluga, José Massoni, Emilio Crenzel, Carla Villalta, María José Sarrabayrouse Oliveira, Brenda Canelo, Paula Abal Medina, Patricio Brodsky, Raquel Witis, Jorge Witis, Catalina Smulovitz, Leandro Halperin, Ana Natalucci, Valeria Barbuto, Leonor Arfuch, Julián Axat, Alejandra Oberti, Julio Maier, María Inés Peralta, Mariano Faraci, Alejandro Cattaruzza, Santiago Garaño, Mabel Grimberg, Luis Belloli, Horacio Alcuaz, Gabriela Seghezzo, Araceli Díaz, Mario Alberto Juliano, Mariana Silvina, Mariana Casullo Amado, Jorge Cernadas, Marcela Bonifacio, Dante Peralta, Laura Duarte, Carolina Mera, Horacio Javier Etchichury, Stella Onetto, Juan Carlos Radovich, Héctor Tri Heredia, Adrián Berardi, Jorge Bernetti, Nora Delia Rabotnikof, Dante Ganem, Alejandro Blanco Araujo, Mariano Perelman, Telma Luzzani, Adriana Rodríguez Pérsico, Ana Castellani, Jorge Rachid, Jorge Elbaum, Mónica Macha, Juan Piovani, Diego Galeano, Jaime Garreta, Eugenia Cozzi, Verónica Gago, Neka Jara, María Medrano, Alberto Spagnolo, Mario Santucho, Alejandra Rodríguez, Diego Skliar, Julio Burdman, Sandra Raggio, Rodrigo Pomares, Stella Martini, Paola Bergallo, Gabriel Bombini, Oscar Rovito, Carola Cóncaro, Vicente Palermo, Martín Plot, Marisa González de Oleaga, Verónica Heredia, Lucía Diforte, Aníbal Viguera, José Machain, Pablo Vommaro, Julián Bertranou, Diego Kantor, Guillemo Piccolini, Liliana Inés Cabrera, Melina Vazquez, Gabriel Alberto Lanaro Ojeda, Pedro Pablo Curotto, Iván Schuliaquer, Amelia Rosa Baez, Daniela Slipak, Beatriz S. Diez, Philip Kitzberger, Pedro Núñez, Sergio Eissa, Jorge Pinedo, Raquel Castronovo, Cecilia Senen González, Déborah Daich, Claudio Cholakian, Raúl Gustavo Ferreyra, Miguel Talento, María del Carmen Bianchi, Ana Clement, Concepción Palumbo, María Cristina Alvite, Raúl Salinas, Pao Legay, Graciela Guilis, Guillermo Izaguirre, Verónica Devalle, Mónica Tarducci, Leandro Andrini, Pablo Valle, Joan Patrice Mc Sherry, Beatriz Garrido, Mercedes Roffe, Francisco Figueroa, Roberto Manuel Carlés, Silvia Renee Horne, Aída Loya, Adrián Martín, Patricia Sadovsky, Horacio Gárgano, Solange Novelle, Julia Risler, Gastón Bosio, Andrea Saidman, Alfredo Pérez Galimberti, Alejandro Hener, Alicia Azubel, Jorge Kors, Fernando Javier Davis, Norma Lanciotti, Enrique Tenenbaum, Sergio Costigliolo, Noé Jitrik, María Rosa Díaz, Josefina Ludmer, Roberto César Iglesias, Cecilia Trosman, Luciano Anzelini, María Rosa Glasserman, Julián López, Pablo Turnes, Stella Maris de Filpo, María Susana Garceron, María Lucrecia Rovaletti, Daniela Inés Monje, Diana Laurencich, Pablo Lupich, Nadia Koziner, Gustavo Arballo, Daniel Cholakian, Beatriz Sara Sedler, Juan Pegoraro, Mabel Manzanal, Oscar M. Blando, Marta Fernández Patallo, Sandra Mutal, Matilde M. Bruera, Laura Golbert, Nélida Alicia Barber, Stella Martini, Andrea Laura Costa, María Rosa Neufeld, Jens Ariel Thisted, Hugo Rapaport, Manuel Balán, Susana Cohen, Carina V. Kaplan, Silvia Wikinski, Mariana Wikinski, Matías Cerezo, Irene Konterllnk, Daniel Slucki, Fernando Kron, Nora Schappapietra, María Iribarren, Ana Pérez Luzuriaga, Alicia Pahn, Juan Sebastián Galarreta, Richard Trincheri, Azucena Racosta, Hugo Urquijo, Alfredo Tagle, Gustavo Germano, Lydia Statile, Emilce Moler, Raúl Courel, Julio Darío Burdman, Florencia Brescia, Celina Van Dembroucke, Alberto Kornblit, Daniel Navarro, Cecilia Checha Merchan, Fernando Gauna Alsina, Ana María Svampa, Jimena Néspolo, Rubén Schrott, Elizabeth Jelin, Miguel Angel Rossi, Laura Fernández, Darío Rubinstein, Patricia Saltanovich, Gabriel Pérsico, Francisco Gorostiaga, Norberto José Ferreyra, Susana Margulies, Luciano Nosetto, Ursula Kirsch, Lyllan Silvana Luque, María Cristina Cravino, Daniel Erbetta, Hugo Piotti, Irene Di Matteo, Soledad Gesteira, Luciana Torres, María Florencia Gentile, Juan Carlos Perone, Débora Gorban, Mariana Galvani, Beatriz Gurevich, Daniel Feierstein, Verónica Cohen, Germán Jorge Lodola, Mara Burkart, Ester Vázquez, Gustavo Caruso, Mario Gustavo Costa, Natalia Agusti, María Inés Fernández Alvarez, Ximena Espeche, Alejandro Kaufman, Silvia Zega, Sara Isabel Pérez, Gabriel Bezchinsky, Marcela Mercado Luna, Marcela Galván, Carolina Schillagi, Carlos Borro, María Josefina Casado, Emilio de Ipola, Cristina Erbaro, Alejandro Frenkel, Victoria Rangugni, Silvio schnek, Ana Lía Serafini, Sergio Tonkonoff, Nancy Calvo, José Luis Manuel Ares, Leandro Luque, Alicia Ruth Alvarez, Leopoldo Brizuela, Federico Lorenc Valcarce, Claudia Teodori, Luciana Noelia Ginga, Hugo Seleme, Gregorio Kletzel, Emilio J. Ayos, Víctor E. Hortel, María del Carmen Artola, Daniel Lutzky, Marina Galli, Debora Di Domizio, Gabriela Alejandra Karasik, Gabriela Pérez Moreno, Amabe Amalia Molinari, Dora Riestra, Juan Besse, Débora D’Antonio, Silvia Susana Arenales, Kelly Olmos, Alejandro Rascovan, Alina Ríos, Mónica Alicia Colunga, Marta Alanis, Julián Domínguez, Jonathan Thea, Marcelo Bergman, Diego Montón, Osvaldo Pedroso, Pedro Lipcovich, Cristina Bayón, Sergio L. Agoff, Eduardo Domenech, Julieta Grinberg, Javier Swedzky, Graciela Konterllnik, Hugo Grinberg, Anabella Museri, Horacio M.R. Banega, Marcelo Ruiz, María Soledad Segura, Marisa Germain, Alicia Cattáneo, Cecilia González, María Epele.

Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ANDHES, Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo Habitar Argentina, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Intercambios Asociación Civil, Programa Universidad y Cárcel (Universidad Nacional de Córdoba), Xumek, Organización Barrial Tupac Amaru, Instituto de Investigación y Experimentación Política (IIEP), Yo No Fui Asociación Política y Social, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Colectiva de Antropólogas Feministas, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal, El Piojo Comunicación Infantil, Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, Cladem Argentina – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Casa de la Memoria y Resistencia Jorge Nono Lizaso, Asociación Civil Radio La Cantora, Corriente Política y Social La Colectiva, Atrapamuros – Colectivo de Educación Popular en Cárceles, El Agora, Asociación Civil Madre Tierra, Católicas por el Derecho a Decidir, Instituto Arturo Enrique Sampay, Encuentros para una Nueva Emancipación, Asociación Civil Movimiento de Profesionales para los Pueblos, Abogados por la Justicia Social (AJUS), Programa de Etica y Teoría Política – Universidad Nacional de Córdoba

Siguen las firmas…

adhesiones: consultas@cels.org.ar

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VII Seminario Internacional Políticas de la Memoria

Los/as invitamos a participar de la mesa “Debates y aportes al paradigma de seguridad democrática: análisis de políticas, modalidades de intervención y activismo” que integra el VII Seminario Internacional Políticas de la Memoria. La actividad se realizará el próximo miércoles 8 de octubre a las 9.30 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Avenida del Libertador 8151, ciudad de Buenos Aires.

Debates y aportes al paradigma de seguridad democrática: análisis de políticas, modalidades de intervención y activismo (mesa 22)

Miércoles 8 de octubre. 9.30 AM

La red de investigadores nucleados en el marco del Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) ha propiciado ya una serie de encuentros para intercambiar y debatir cuestiones relativas a políticas de seguridad pública, conflictos sociales y violencia institucional a nivel local, nacional y regional, con miras a  aportar al debate público y académico.

Con el fin de ampliar esos debates, se propone esta Mesa que indagará el rol del Estado frente a estas problemáticas, el análisis y diseño de políticas públicas desde una concepción democrática e integral de la seguridad.

Haga clic aquí para conocer el programación de la mesa.

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Convocatoria a ponencias: VII Seminario Internacional Políticas de la Memoria

Convocamos a participar de la Mesa 23: “Debates y aportes al paradigma de seguridad democrática: análisis de políticas, modalidades de intervención y activismo” del VII Seminario Internacional Políticas de la Memoria “Presente y tradición del pensamiento emancipatorio”, que se realizará en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti los días 7,8 y 9 de octubre.

La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 9 de junio de 2014.

Mesa 23: Debates y aportes al paradigma de seguridad democrática: análisis de políticas, modalidades de intervención y activismo
Coordinadoras:
Marcela Perelman (mperelman@cels.org.ar)
Guadalupe Basualdo (gbasualdo@cels.org.ar)

La articulación entre políticas en materia de seguridad pública y de derechos humanos se presenta, en la región, de manera problemática y atravesada por múltiples tensiones. Sin duda, las formas en que estas articulaciones y tensiones se expresan responden a la historia reciente, a las coyunturas políticas, y también a las matrices locales en que estos asuntos son interpretados. De un tiempo a esta parte, se están desarrollando investigaciones que procuran analizar estas cuestiones. Al mismo tiempo, esas investigaciones devienen en material e insumos claves para la discusión de las políticas en esos campos, así como para fundar iniciativas de intervención y activismo.

La red de investigadores nucleados en el marco del Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) ha propiciado ya una serie de encuentros para intercambiar y debatir cuestiones relativas a políticas de seguridad pública, conflictos sociales y violencia institucional a nivel local, nacional y regional, con miras a  aportar al debate público y académico.
Para ampliar esos debates se propone esta Mesa para indagar el rol del Estado frente a estas problemáticas, el análisis y diseño de políticas públicas desde una concepción democrática e integral de la seguridad, las modalidades formales e informales de administración y/o regulación de conflictos; el análisis de las instituciones y actores involucrados –así como el entramado burocrático que los vincula–; las reformas sobre esas instituciones y la creación de otras nuevas; el activismo social –de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones de familiares de víctimas, de los espacios académicos–; el análisis de políticas públicas y los debates sobre paradigmas vigentes en materia de seguridad. Se espera que esta mesa aporte un espacio de reflexión de cara a discusiones en la Argentina y la región sobre seguridad. Otros ejes temáticos de interés pueden extraerse de los 10 puntos fundantes del ASD.

Buscamos que los trabajos presentados sirvan para alimentar los términos y ámbitos del debate sobre seguridad a fin de dotar sus dimensiones de mayor claridad y rigor técnico, orientado a sentar las bases de una política criminal y de seguridad que sea democrática y eficaz.

Para acceder a la 2º circular del seminario haga clic aquí.

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La “mano dura” incrementa los niveles de violencia en la sociedad

Por Raquel Witis*

Cuando actúa el sistema penal es porque el daño ya se produjo, el código no previene, su misión es reparar el daño producido y devolverle la dignidad a las victimas a través de la condena penal. Si la intención es prevenir debo actuar antes a través de otras agencias o instituciones del estado o de políticas públicas.

Mariano Witis y Darío Riquelme fueron víctimas de la mano dura, un caso testigo de la violencia policial, de las consecuencias de la aplicación de esas políticas. Recordemos que el gobernador de la Pcia. Carlos Federico Ruckauf ganó con el discurso “hay que meter bala”. No nos engañemos: la mano dura en los barrios significa pena de muerte e incrementa la violencia social creando un clima propicio para los linchamientos. Hemos visto aplicar esta receta demasiadas veces desde el año 2000 y siempre ha fracasado. Nunca ha sido la solución a los problemas de inseguridad el aumento del poder de la policía, el incremento de las penas y el encierro masivo.

Uno de los problemas son las “prácticas policiales”, otro son las “prácticas judiciales” que por acción u omisión van creando las condiciones para la violencia policial. En muchos casos el poder judicial convalida las actuaciones policiales, el “gatillo fácil”, la tortura y las condiciones de detención, las detenciones arbitrarias, la violencia contra los jóvenes, las causas armadas o fraguadas. La repetición de estos episodios donde las fuerzas policiales producen consecuencias más dramáticas que las que pretenden evitar, nos permiten sostener que el abuso policial contribuye a incrementar los niveles de violencia desnaturalizando la obligación de garantía de la seguridad democrática como responsabilidad del Estado.

La regularidad o repetición de parar a jóvenes, morochos de ciertos sectores sociales, el hostigamiento mediante el uso de la detención por averiguación de identidad, el cacheo, la persecución, hacen que estas prácticas sean abusivas, discriminatorias, violentas y por ende ilegales. Y esta limitación a la libertad que se ejerce sobre ciertos sectores sociales, es ineficiente como control del delito y busca el disciplinamiento social.

Sabemos que toda práctica social se legitima a través de un discurso. Las prácticas policiales abusivas existen, no sólo por la formación de sus agentes, sino también porque hay un discurso generalizado que las avala, porque hay sectores de la sociedad que reconocen estas prácticas como violentas y discriminatorias pero lo toman como una realidad inmodificable o, peor aún, necesaria. Somos parte de una sociedad excluyente, violenta y punitivista, todo lo resuelve con penas más duras, más policías, más cárceles, más cámaras, etc. Hoy en el imaginario social y mediático el “sospechoso” es el joven morocho, que vive en determinados barrios, que usa gorrita, etc. Hace pocos días en un barrio (Azcuenaga de Rosario) un joven (Moreyra) murió apaleado por una multitud que le atribuyo la condición de “delincuente”, no es el único caso, me pregunto: ¿volveremos a los linchamientos, a la “justicia por mano propia”, tanta sangre derramada ha sido en vano?

La seguridad y la justicia son construcciones sociales e históricas que se van formando y están íntimamente relacionadas con el modelo de Estado elegido. La seguridad ha ido cambiando y adaptándose, durante el Estado terrorista, se hablaba del “enemigo interno” que debía ser perseguido, torturado, asesinado, hoy los “sospechosos” o “peligrosos” son los jóvenes desaventajados, y los medios de comunicación han tenido un papel fundamental en la difusión y fijación de estos estereotipos.

Las fuerzas de seguridad con su autogobierno, su formación militarizada, su carácter corporativo, los altos niveles de corrupción, la falta de profesionalización, han generado ineficiencia en la prevención y persecución del delito y la desconfianza de los miembros de la comunidad en la institución policial.

Adherimos e impulsamos el Acuerdo por una Seguridad Democrática, estamos convencidos que para mas seguridad necesitamos mas democracia. Y la seguridad democrática, crea las condiciones para la convivencia de las personas entre sí; su objetivo no es el mantenimiento del orden público sino la protección integral de los derechos humanos. Y la de gestionar los conflictos sociales de manera tal que los derechos de cada persona sean tanto respetados como ejercidos.

Las deudas pendientes de nuestra sociedad son la democratización de las fuerzas policiales, del servicio penitenciario, de la justicia y alcanzar la igualdad y la no discriminación.

Pareciera que ahora deberíamos sumar el negarse u oponerse a un anteproyecto del código penal para reemplazar el actual que después de tantas modificaciones y agregados ha perdido su integralidad y coherencia. Hoy la condena por delitos contra la propiedad con arma es mayor que la condena por los delitos contra la vida.

No nos engañemos quienes se mostraron no hace mucho como adalides del diálogo y el consenso, los Massa, los Posse, los Andreotti, los Macri, hoy se cierran al debate. Sus excusas son impresentables, contradictorias y perversas, no nos cabe duda que sus fines no son santos, que utilizan el miedo de la ciudadanía ante los hechos delictivos, una vez más, para ganar en las urnas. Adalides de la seguridad y en su territorio se persigue a jóvenes y a militantes de organizaciones político partidarias por realizar en el espacio público distintas actividades culturales.

Proponen además juntar firmas por el “no al anteproyecto de código penal”, medida ilegal pues la Constitución Nacional, en su artículo 39, prohíbe expresamente la consulta popular sobre proyectos referidos a materia penal. ¿Por qué crear falsas expectativas? ¿Quién será el chivo expiatorio esta vez?

Estamos de acuerdo en que hay que hallar mejores herramientas para combatir el delito. Para eso es necesario sumar ideas, propuestas y soluciones eficaces.

No nos cerremos al debate, al diálogo, a la construcción de un consenso que se ha respetado a través de la convocatoria a la comisión, conformada por distintas fuerzas políticas y expertos especializados en la temática y reconocidos internacionalmente. Si no estamos de acuerdo con algunos puntos propongamos otros, no nos quedemos con el reclamo sin generar alternativas.

Anular o posponer el debate es una posición que nos impide avanzar, crecer y enriquecernos con otras visiones, que obstaculiza la convivencia pacifica y en definitiva atenta contra la democracia.

Nosotros Queremos debatir el Anteproyecto del Código Penal y Nos Oponemos a Cualquier Iniciativa que Cercene Este Debate

*Raquel Witis, mamá de Mariano Witis fusilado por la bonaerense el 21-9-2000

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Un amplio frente político y social rechaza que se intente frenar el debate del Código Penal con consignas demagógicas

El Acuerdo por una Seguridad Democrática (ASD), integrado por referentes políticos y sociales de diversos partidos y organizaciones, presentó hoy en el Salón Azul del Congreso Nacional un documento titulado “Para más seguridad, más democracia” que denuncia el carácter demagógico que se quiere imponer a la discusión pública en torno del anteproyecto de reforma del Código Penal y reivindica la necesidad de dar un debate abierto, plural y con rigor técnico en el parlamento que permita arribar a soluciones efectivas en materia de seguridad.

El acto se inició con la lectura del documento de más de 600 firmas en la voz del presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, Hugo Cañón, que señala, entre otras cosas, que “en los últimos días se ha fortalecido un discurso oportunista de demagogia punitiva que intenta consolidar un endurecimiento represivo fuera de toda racionalidad democrática y especula con la desinformación de la opinión pública”. El texto del ASD subraya que “las reacciones ante el tratamiento de un anteproyecto de ley para modificar el Código Penal sirven de base para el despliegue de argumentos autoritarios, tanto en su perspectiva penal, como en su desprecio por las instancias de debate institucionales”.

En unas breves palabras de cierre, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, sostuvo que “estamos seguros que el objetivo de pacificar la sociedad argentina no se consigue incrementando los niveles de violencia y no se consigue torpedeando los acuerdos transversales entre distintas fuerzas políticas que, paradójicamente, son el reclamo constante de los mismos que, cuando se producen, los denuncian y sabotean.”

En la mesa de presentación, además de Cañón y Verbitsky, se ubicaron los diputados nacionales por el FPV Horacio Pietragalla y Leonardo Grosso, el diputado por la UCR, Manuel Garrido, el legislador de la Ciudad por FPV, Jorge Taiana, la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rebori y Raquel Witis, víctima de la violencia policial. Entre el público acompañaban varios legisladores y legisladoras de diversas fuerzas políticas nacionales como Diana Conti, Jorge Rivas y Carlos Raimundi y de la Ciudad como Pablo Ferreyra y José Cruz Campagnoli. También estuvieron presentes representantes de organismos de derechos humanos como Lita Boitano y Jorge Morresi de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, representantes de la Defensoría General de la Nación y el titular de la Procuraduría contra la violencia institucional (Procuvin), Abel Córdoba.

Documentos para prensa:

Para más seguridad, más democracia

Principios básicos del ASD

Firmas actualizadas

Ver más fotos de la conferencia

Ver video de la intervención de Horacio Verbitsky

 

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Listado de firmantes del documento “Para más seguridad, más democracia

Listado firmas 2014 actualizado

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Conferencia de prensa del ASD

En el marco del Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) el jueves 20 de marzo a las 15 horas se realizará una conferencia de prensa en el salón Azul del Congreso de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1849. Participarán senadores, diputados, legisladores, referentes sociales y sindicales, académicos e integrantes de la comisión redactora del anteproyecto de reforma del Código Penal.

Documentos para prensa:

Para más seguridad, más democracia

Principios básicos del ASD

Además continuamos recibiendo  adhesiones en adhesiones.asd@gmail.com

 

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Para más seguridad, más democracia

En los últimos días se ha fortalecido un discurso oportunista de demagogia punitiva que intenta consolidar un endurecimiento represivo fuera de toda racionalidad democrática y especula con la desinformación de la opinión pública.

Las reacciones ante el tratamiento de un anteproyecto de ley para modificar el Código Penal sirven de base para el despliegue de argumentos autoritarios, tanto en su perspectiva penal, como en su desprecio por las instancias de debate institucionales.

Están en juego los principios democráticos que protegemos como sociedad y los modos en que lo hacemos. Con la excusa de impedir el avance del anteproyecto elaborado por una comisión redactora con representación de diversas fuerzas políticas se impulsa una campaña basada en mentiras y distorsiones informativas que intenta generar miedo para consolidar proyectos políticos de corte antidemocrático.

Los falacias demagógicas deben poner a la ciudadanía y a todo el espectro político en estado de alerta: se trata de un ideario que sostiene sin fundamentos que el aumento del poder de la policía, el incremento de las penas y el encierro masivo son las soluciones a los problemas de inseguridad.

Las evidencias muestran la falsedad de esos planteos. Las políticas basadas en el aumento de penas y el mayor encarcelamiento no reducen la inseguridad ni desactivan las redes de criminalidad causantes de los delitos que más preocupan a la población. Esas son las políticas que fueron el eje de todas las reformas penales de los últimos veinte años en el país y sólo aumentaron la violencia. La falta de democratización de las fuerzas policiales produce día a día mayor violencia, altos niveles de corrupción y connivencia con el crimen organizado y una gran ineficacia para prevenir y reprimir el delito.

Problemáticas complejas, como el narcotráfico, son usadas como coartada de modo irresponsable para justificar y extremar recetas autoritarias. Pero sabemos que la violencia no se resuelve con la guerra, ni dejándose seducir por atajos que consolidan la discriminación social y empujan la agenda de seguridad hacia la militarización.

A las organizaciones sociales y políticas comprometidas con la democracia y los derechos humanos nos preocupa que se instale una lógica en la que los referentes políticos compiten por liderar las propuestas de mayor endurecimiento y el componente represivo se presenta como única solución. Competencia que, al mismo tiempo, erosiona los mecanismos institucionales y las reglas básicas de la discusión en democracia: se ha argumentado a partir de mentiras y se proponen caminos inconstitucionales.

Desde el Acuerdo para una Seguridad Democrática, creado con el propósito de fomentar una discusión abierta y pluralista, basada en consensos mínimos sobre las políticas públicas de seguridad en democracia, valoramos el proceso de elaboración del anteproyecto en el que se comprometieron diversas fuerzas políticas como base para una discusión amplia en el Congreso y rechazamos el intento de clausura del debate. Muchos de los firmantes de este documento tenemos críticas, modificaciones o agregados al anteproyecto, pero creemos que hay que hacerlo por fuera de todo oportunismo electoral o demagogia, que luego cobra víctimas que vuelven a servir para construir una nueva demagogia, en un círculo vicioso que urge superar.

Buscamos reencauzar los términos y ámbitos de la actual discusión y, de cara a la sociedad, debatir con claridad y rigor técnico, las bases de una política criminal y de seguridad que sea democrática y eficaz, que para serlo no necesita tirar por la borda las mismas libertades públicas que forman parte de la calidad de vida que necesitamos defender.

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Nuevo documento del ASD sobre seguridad ciudadana

El Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) contribuyó a la iniciativa Agenda presidencial, coordinada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), con la elaboración de un documento sobre seguridad ciudadana.

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Se firmó el ASD en Mar del Plata

Referentes políticos locales adhirieron al Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) el pasado martes 31 de mayo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La presentación estuvo encabezada por la directora del programa de Justicia Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Alejandro Mosquera. Además, contó con la participación de los jueces Juan Tapia, Gabriel Bombini y Marcelo Madina y del coordinador del programa de Protección Ciudadana de la Municipalidad de General Pueyrredón, César Ventimiglia. Sigue leyendo

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