La “mano dura” incrementa los niveles de violencia en la sociedad

Por Raquel Witis*

Cuando actúa el sistema penal es porque el daño ya se produjo, el código no previene, su misión es reparar el daño producido y devolverle la dignidad a las victimas a través de la condena penal. Si la intención es prevenir debo actuar antes a través de otras agencias o instituciones del estado o de políticas públicas.

Mariano Witis y Darío Riquelme fueron víctimas de la mano dura, un caso testigo de la violencia policial, de las consecuencias de la aplicación de esas políticas. Recordemos que el gobernador de la Pcia. Carlos Federico Ruckauf ganó con el discurso “hay que meter bala”. No nos engañemos: la mano dura en los barrios significa pena de muerte e incrementa la violencia social creando un clima propicio para los linchamientos. Hemos visto aplicar esta receta demasiadas veces desde el año 2000 y siempre ha fracasado. Nunca ha sido la solución a los problemas de inseguridad el aumento del poder de la policía, el incremento de las penas y el encierro masivo.

Uno de los problemas son las “prácticas policiales”, otro son las “prácticas judiciales” que por acción u omisión van creando las condiciones para la violencia policial. En muchos casos el poder judicial convalida las actuaciones policiales, el “gatillo fácil”, la tortura y las condiciones de detención, las detenciones arbitrarias, la violencia contra los jóvenes, las causas armadas o fraguadas. La repetición de estos episodios donde las fuerzas policiales producen consecuencias más dramáticas que las que pretenden evitar, nos permiten sostener que el abuso policial contribuye a incrementar los niveles de violencia desnaturalizando la obligación de garantía de la seguridad democrática como responsabilidad del Estado.

La regularidad o repetición de parar a jóvenes, morochos de ciertos sectores sociales, el hostigamiento mediante el uso de la detención por averiguación de identidad, el cacheo, la persecución, hacen que estas prácticas sean abusivas, discriminatorias, violentas y por ende ilegales. Y esta limitación a la libertad que se ejerce sobre ciertos sectores sociales, es ineficiente como control del delito y busca el disciplinamiento social.

Sabemos que toda práctica social se legitima a través de un discurso. Las prácticas policiales abusivas existen, no sólo por la formación de sus agentes, sino también porque hay un discurso generalizado que las avala, porque hay sectores de la sociedad que reconocen estas prácticas como violentas y discriminatorias pero lo toman como una realidad inmodificable o, peor aún, necesaria. Somos parte de una sociedad excluyente, violenta y punitivista, todo lo resuelve con penas más duras, más policías, más cárceles, más cámaras, etc. Hoy en el imaginario social y mediático el “sospechoso” es el joven morocho, que vive en determinados barrios, que usa gorrita, etc. Hace pocos días en un barrio (Azcuenaga de Rosario) un joven (Moreyra) murió apaleado por una multitud que le atribuyo la condición de “delincuente”, no es el único caso, me pregunto: ¿volveremos a los linchamientos, a la “justicia por mano propia”, tanta sangre derramada ha sido en vano?

La seguridad y la justicia son construcciones sociales e históricas que se van formando y están íntimamente relacionadas con el modelo de Estado elegido. La seguridad ha ido cambiando y adaptándose, durante el Estado terrorista, se hablaba del “enemigo interno” que debía ser perseguido, torturado, asesinado, hoy los “sospechosos” o “peligrosos” son los jóvenes desaventajados, y los medios de comunicación han tenido un papel fundamental en la difusión y fijación de estos estereotipos.

Las fuerzas de seguridad con su autogobierno, su formación militarizada, su carácter corporativo, los altos niveles de corrupción, la falta de profesionalización, han generado ineficiencia en la prevención y persecución del delito y la desconfianza de los miembros de la comunidad en la institución policial.

Adherimos e impulsamos el Acuerdo por una Seguridad Democrática, estamos convencidos que para mas seguridad necesitamos mas democracia. Y la seguridad democrática, crea las condiciones para la convivencia de las personas entre sí; su objetivo no es el mantenimiento del orden público sino la protección integral de los derechos humanos. Y la de gestionar los conflictos sociales de manera tal que los derechos de cada persona sean tanto respetados como ejercidos.

Las deudas pendientes de nuestra sociedad son la democratización de las fuerzas policiales, del servicio penitenciario, de la justicia y alcanzar la igualdad y la no discriminación.

Pareciera que ahora deberíamos sumar el negarse u oponerse a un anteproyecto del código penal para reemplazar el actual que después de tantas modificaciones y agregados ha perdido su integralidad y coherencia. Hoy la condena por delitos contra la propiedad con arma es mayor que la condena por los delitos contra la vida.

No nos engañemos quienes se mostraron no hace mucho como adalides del diálogo y el consenso, los Massa, los Posse, los Andreotti, los Macri, hoy se cierran al debate. Sus excusas son impresentables, contradictorias y perversas, no nos cabe duda que sus fines no son santos, que utilizan el miedo de la ciudadanía ante los hechos delictivos, una vez más, para ganar en las urnas. Adalides de la seguridad y en su territorio se persigue a jóvenes y a militantes de organizaciones político partidarias por realizar en el espacio público distintas actividades culturales.

Proponen además juntar firmas por el “no al anteproyecto de código penal”, medida ilegal pues la Constitución Nacional, en su artículo 39, prohíbe expresamente la consulta popular sobre proyectos referidos a materia penal. ¿Por qué crear falsas expectativas? ¿Quién será el chivo expiatorio esta vez?

Estamos de acuerdo en que hay que hallar mejores herramientas para combatir el delito. Para eso es necesario sumar ideas, propuestas y soluciones eficaces.

No nos cerremos al debate, al diálogo, a la construcción de un consenso que se ha respetado a través de la convocatoria a la comisión, conformada por distintas fuerzas políticas y expertos especializados en la temática y reconocidos internacionalmente. Si no estamos de acuerdo con algunos puntos propongamos otros, no nos quedemos con el reclamo sin generar alternativas.

Anular o posponer el debate es una posición que nos impide avanzar, crecer y enriquecernos con otras visiones, que obstaculiza la convivencia pacifica y en definitiva atenta contra la democracia.

Nosotros Queremos debatir el Anteproyecto del Código Penal y Nos Oponemos a Cualquier Iniciativa que Cercene Este Debate

*Raquel Witis, mamá de Mariano Witis fusilado por la bonaerense el 21-9-2000

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